Por unha acusación popular contra os administradores das caixas

A alarma social que orixinou o expolio das caixas ben pode servir para iniciar un proceso xudicial contra os responsables desta tropelía, como se propón neste artigo. Dende a Plataforma polo Aforro público queremos comezar un proceso neste sentido, para o que en breve iniciaremos unha campaña de sinaturas. Mentres, eiquí podemos atopar algunhas pistas de por onde pode ir o tema.

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El Código Penal incluye el delito de administración desleal que expertos juristas creen que podría aplicarse a los pagos millonarios.

Recordemos unas pequeñas e infrecuentes muestras de ética personal: en 1997, al volver a trabajar para Apple (que le había despedido 12 años antes), Steve Jobs se autoimpuso un salario anual de un dólar. Así continuó hasta su muerte, hace unos días. Sus beneficios procedían de la revalorización de las acciones de la compañía. Compró cinco millones de títulos en 1997 y nunca vendió. Un futbolista de élite, el centrocampista argentino Fernando Redondo, ex del Real Madrid, renunció en 2001 a su salario anual de ocho millones de dólares en el AC Milan por una lesión que lo mantenía apartado de los campos trece meses. Lo mismo hizo el francés Alain Boghossian, del Espanyol, en 2003, y, esta misma temporada, el turco Hamit Altintop, que ha renunciado al sueldo de sus primeros tres meses en el Real Madrid al arrastrar una lesión de espalda y no poder jugar.

Veamos ahora otras frecuentes muestras de otra clase de ética: los directivos de algunas cajas de ahorros rescatadas por el Estado de una situación financiera catastrófica se lo han llevado crudo a casa. Pongamos, por ejemplo, CAM y Novacaixagalicia. ¿Qué observamos? Entidades con cuentas ruinosas, donde sus gestores se autoconceden

hipersueldos blindados, prejubilaciones millonarias, créditos personales a discreción, lujos suntuarios pagando la caja… En su favor hay que decir que ninguno ha sufrido lesiones impeditivas, de forma que no han podido demostrar su ética personal renunciando a sus privilegiadas retribuciones mientras durara su baja laboral (salvo uno que ha renunciado a la mitad). Al revés, la rotura del ligamento cruzado ha sido para el contribuyente: 2.500 millones de euros para rescatar la caja gallega con fondos del FROB (que pagamos todos) hace unas semanas y otros 2.800 millones para la CAM. Se dice que todo es legal porque está aprobado en contrato. Sin embargo, sin los fondos públicos, ambas cajas hubieran quebrado, con lo que no habría habido dinero para pagar a los exdirectivos y sus contratos no valdrían nada.

Aún más, no puede descartarse la imputación del delito de “administración desleal”. El artículo 295 del Código Penal establece: “Los administradores que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de esta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido”. Y entre los supuestos que se consideran delito de administración desleal están la utilización de fondos de la empresa para atender gastos personales, la concesión de créditos a sociedades en las que los administradores tienen una importante participación y carecen de solvencia, y la percepción de retribuciones no amparadas por los estatutos. Nos suena algo de esto, ¿verdad? Esos pagos millonarios puede que respondan a un contrato, pero causan un perjuicio objetivo a entidades que no están en disposición de abonarlos. Un juez podría llegar a entender eso como abuso de posición en beneficio personal y no en el de la caja.

Algo se empieza a hacer: la Fiscalía Anticorrupción investiga a la ex directora general de la CAM. Y el nuevo presidente de Novacaixagalicia, José María Castellano, ha reclamado a los exdirectivos que devuelvan las indemnizaciones cobradas, y no descarta acudir a los tribunales por la vía civil. No obstante, podría irse más allá. Ahí tenemos el ejemplo de Islandia, donde una investigación parlamentaria sobre la crisis financiera culpó a los directivos de los tres bancos quebrados y el Estado se querelló contra ellos por apropiación fraudulenta. En España también habría que explorar todas las posibilidades para llevar al banquillo -y no al de los campos de fútbol- a los directivos carentes de ética.

Amparo Estrada en Público

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